Cuba 2023

Cuba es un país que conforma una de las 13 Antillas. Fue dominado por el Reino de España desde el siglo XVI hasta 1898, cuando se independizó con la ayuda militar de Estados Unidos. Más adelante, Estados Unidos realizó una intervención de 1898 hasta 1902, esto culminó en la fundación de la República de Cuba; esta existió hasta el 1 de enero de 1959, cuando la Revolución Cubana; liderada por Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto (Ché) Guevara, toman la ciudad de la Habana. Aquí se instauró el nuevo régimen político a través de un gobierno socialista que perdura hasta al día de hoy. A partir del año 2011, en Cuba se implementó una nueva estructura administrativa política que reorganizó el país en 15 provincias y 168 municipios, incluyendo a Isla de la Juventud como un municipio especial. Estas provincias son: Pinar del Río, Artemisa, La Habana (la capital), Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Características Generales

Nombre Oficial	República de Cuba
Sistema de Gobierno	Estado Unipartidista Socialista
Capital y Sede de Gobierno	La Habana
Mandatario	Miguel Díaz Canel
Área	109,884Km2
Población	11.26 Millones de habitantes, dato del 2021
Idioma Oficial	Español
Moneda	Peso Cubano (CUP) y hasta el 2020 combinado con el Peso Cubano Convertible (CUC)

Contexto Histórico Post-Revolución

Etapa Temprana (1959-1963)

Durante los primeros años después del triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, existió un esfuerzo por institucionalizar la revolución. Los rebeldes instauran a Manuel Urrutia Lleó como presidente y a José Miró Cardona como Primer Ministro, mientras que Fidel Castro seguía como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. En el inicio de este gobierno, coexistían posturas políticas distintas, teniendo ramas moderadas y otras más radicales. Apoyando la institucionalización de la Revolución en el Estado, buscaban realizar elecciones generales, algo que habían planteado desde que escribieron el Manifiesto de la Sierra Maestra, antes de haber tomado La Habana. Estas elecciones nunca se realizaron a pesar de haberse comprometido en hacerlas en los primeros 18 meses después de que la Revolución hubiera triunfado, la justificación de esta medida la dieron con un discurso que hablaba de los errores de los políticos anteriores y la corrupción que el sistema había promovido, por lo que no podían usar el mismo sistema para elegir nuevos cargos, además de argumentar que las leyes cubanas eran sumisas al poder estadounidense y servían a los intereses de ese país más que los de Cuba, alegando una posible intervención de Estados Unidos en el proceso. El gobierno se fue radicalizando paulatinamente, inclinándose a la izquierda marxista-leninista en su ideología social y política. Fidel Castro firma como primer ministro de Cuba el 16 de febrero de 1959. Durante este momento, también se nacionalizaron las empresas privadas, se realizó una reforma agraria, se redistribuyó la riqueza y el sistema educativo sufrió fuertes transformaciones. Esto se hizo con el fin de consolidar el poder de una manera absoluta y garantizar la existencia del régimen socialista a futuro.

Invasión a la Bahía de Cochinos y la Alineación con la Unión Soviética (17 de abril de 1961)

En este período, Estados Unidos comenzaba a preocuparse por la radicalización del gobierno de Cuba. Unos meses después de la toma de poder del mandatario estadounidense John F. Kennedy, el 15 de abril de 1961, ocho aviones B-26 de la CIA fueron destinados a bombardear los puertos aeródromos de Santiago de Cuba, Ciudad Libertad y San Antonio de los Baños. Estos bombardeos no causaron mayores daños y el gobierno cubano pudo prepararse ante una invasión. Estados Unidos envía 1,200 tropas armadas a invadir la Bahía de Cochinos y Playa Girón el 17 de abril de 1961; a los dos días fueron derrotadas las tropas. Este intento de invasión fue la justificación que el gobierno de Cuba necesitaba para terminarse de alinear con la Unión Soviética, pues no tolerarían la hostilidad directa de Estados Unidos.

Fidel Castro dentro de un tanque en la Bahía de Cochinos

Fundación del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba y la Conversión al Socialismo (marzo de 1962)

Propaganda del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba

El 26 de marzo de 1962, se funda oficialmente el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba al fusionar el Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario 13 de Marzo. A partir de la fundación de este partido como el partido del Estado es que Cuba adopta el comunismo marxista-leninista como la ideología del Estado.

La Crisis de los Misiles (16 al 29 de octubre de 1962)

La Crisis de los Misiles de Cuba fue un conflicto diplomático entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962. La crisis se inició con el descubrimiento de rampas de misiles soviéticos en Cuba el 15 de octubre y se extendió hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado fuera del continente americano el 28 de octubre. La crisis fue generada a raíz de la toma de conocimiento por parte de Estados Unidos de la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. En Rusia se la denomina Crisis del Caribe, mientras que en Cuba se la llama Crisis de octubre. La crisis fue una de las mayores crisis de la Guerra Fría, ya que se estuvo muy cerca del inicio de una guerra nuclear. La crisis abarcó el período comprendido entre el descubrimiento de los misiles balísticos de alcance medio R-12 y R-14 de la Unión Soviética hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado de vuelta a la Unión Soviética. Sin embargo, a otros niveles se extendió hasta noviembre de 1962 e incluso enero de 1963 en sucesivas minicrisis.

Implementación del Socialismo (1964-1969)

Durante los años 1964 a 1969, Cuba estaba bajo el régimen comunista liderado por Fidel Castro. En 1964, Castro pronunció un discurso en la Ciudad Escolar Abel Santamaría en Santa Clara, donde habló sobre la integración del movimiento juvenil cubano. En 1965, Castro se convirtió en el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y en el primer ministro del país. También en 1965, el PURSC se transformó en el Partido Comunista de Cuba, que sigue siendo el partido único del país. En 1966, Cuba donó bienes, viviendas y alimentos a los latinoamericanos que iban a Cuba para entrenarse como guerrilleros, mientras que la Revolución era solidaria con la causa armada regional. En 1969, Cuba se retiró de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debido a la presión de los Estados Unidos y la OEA para expulsar a Cuba de la organización. Además, durante estos años, la Revolución cubana fue objeto de cobertura informativa en la Cadena García Valseca, que reflejó las diferentes visiones sobre la Revolución cubana.

Finales de la Guerra Fría (1970-1991)

El período de 1970 a 1991 en Cuba estuvo marcado por varios eventos importantes. En términos políticos, el Partido Comunista de Cuba (PCC) se consolidó como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, según los estatutos del partido y la nueva Constitución de Cuba promulgada en 2019. En términos económicos, Cuba experimentó altas tasas de crecimiento sostenido entre 1970 y 1985, gracias a la redistribución con el crecimiento y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Sin embargo, la economía cubana dependía en gran medida de los subsidios de la Unión Soviética, que ascendieron a 65 mil millones de dólares en total de 1960 a 1990. La caída del gobierno soviético en 1991 y el fin de la Guerra Fría tuvieron un impacto significativo en la economía cubana, que se sumió en una crisis conocida como el "Período Especial". En términos de relaciones internacionales, Cuba mantuvo una política exterior fluida a lo largo de la historia, dependiendo de los eventos mundiales y otras variables, incluyendo las relaciones con los Estados Unidos. Existieron varias olas de migración hacia Estados Unidos de miembros de la sociedad que se oponían al régimen revolucionario y reos que Castro liberó para deshacerse de ellos y mandarlos a Estados Unidos. Durante la década de 1970, Fidel Castro hizo un gran esfuerzo por asumir un papel de liderazgo en el movimiento de los no alineados, que incluía a más de 90 países. Después de la caída de la Unión Soviética, Cuba se abrió más al resto del mundo y estableció cooperación bilateral con varios países sudamericanos, especialmente Venezuela y Bolivia. En resumen, el período de 1970 a 1991 en Cuba estuvo marcado por el fortalecimiento del PCC, el crecimiento económico sostenido, la dependencia de los subsidios soviéticos y la crisis económica posterior a la caída del gobierno soviético, y una política exterior fluida.

Los "Marielitos", refugiados de 1980

Cuba Post-Unión Soviética (1992-a la actualidad)

El período de 1992 hasta la actualidad en Cuba ha estado marcado por varios eventos importantes. En términos políticos, el Partido Comunista de Cuba (PCC) se ha mantenido como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, según la nueva Constitución de Cuba promulgada en 2019. En términos económicos, Cuba experimentó una crisis económica conocida como el "Período Especial" después de la caída del gobierno soviético en 1991, que tuvo un impacto significativo en la economía cubana. La economía cubana dependía en gran medida de los subsidios de la Unión Soviética, que ascendieron a 65 mil millones de dólares en total de 1960 a 1990. La crisis económica llevó a Cuba a hacer reformas en la agricultura y a una disminución en el uso de combustibles fósiles. En términos de relaciones internacionales, Cuba ha mantenido una política exterior fluida a lo largo de la historia, dependiendo de los eventos mundiales y otras variables, incluyendo las relaciones con los Estados Unidos. El embargo de Estados Unidos contra Cuba ha continuado desde 1962, y ha sido una fuente de tensión en las relaciones entre los dos países. En los últimos años, Cuba ha establecido cooperación bilateral con varios países sudamericanos, especialmente Venezuela y Bolivia. El período de 1992 hasta la actualidad en Cuba ha estado marcado por la crisis económica del "Período Especial", la continuidad del PCC como fuerza dirigente superior, una política exterior fluida y el embargo de Estados Unidos contra Cuba.
El período de los años 2000 y 2010 en Cuba estuvo marcado por varios eventos importantes. En términos políticos, el Partido Comunista de Cuba (PCC) se mantuvo como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, según la nueva Constitución de Cuba promulgada en 2019. En términos económicos, Cuba experimentó una recuperación económica después del "Período Especial" de los años 90, gracias a la inversión extranjera y al turismo. En 2008, Raúl Castro asumió la presidencia de Cuba después de que su hermano Fidel Castro renunciara debido a problemas de salud. Raúl Castro implementó reformas económicas y sociales, incluyendo la eliminación de restricciones para la compra y venta de propiedades y la expansión del sector privado. En términos de relaciones internacionales, Cuba mantuvo una política exterior fluida a lo largo de la historia, dependiendo de los eventos mundiales y otras variables, incluyendo las relaciones con los Estados Unidos. En 2014, los Estados Unidos y Cuba anunciaron la restauración de las relaciones diplomáticas después de más de 50 años de hostilidades. En resumen, el período de los años 2000 y 2010 en Cuba estuvo marcado por la recuperación económica después del "Período Especial", la presidencia de Raúl Castro y sus reformas económicas y sociales, una política exterior fluida y la restauración de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

"Bodega" durante el período especial

Sistema Jurídico

El sistema legal en un Estado es fundamental para su desarrollo y sustención, ya que refleja su historia y adopta los principios de figuras como José Martí, Karl Marx y Vladimir Lenin, quienes son figuras importantes para la cultura cubana desde 1959. También incorpora los valores y principios de un gobierno socialista, como la legalidad socialista, el centralismo y unipartidismo, la igualdad y la justicia social. Este sistema no solo regula el funcionamiento del Estado, sino también la relación entre el Estado y sus ciudadanos, así como la de estos últimos con los mismos. Como en cualquier sistema jurídico, existe una jerarquía que se basa en la autoridad legislativa que emite las leyes, en su mayoría de origen estatal, con una predominancia del derecho interno sobre el internacional en cualquier materia. La Constitución se considera la ley fundamental de la República de Cuba, lo que significa que se reconoce el principio de supremacía constitucional. Esto implica que las normas jurídicas del Estado cubano deben de reflejar los ideales de las constituciones socialistas.

Fuentes de derecho

En Cuba, a pesar de la ausencia de una determinación formal y explícita de las fuentes del derecho, se reconocen diversas formas que desempeñan ese papel. Entre ellas se encuentra el acto normativo, que abarca la ley en su sentido genérico y se establece como una fuente formal del derecho en el país. Aunque la jurisprudencia no está explícitamente designada como fuente formal, se reconoce su importancia al derivar de procedimientos seguidos por órganos con facultades para la producción jurídica. La costumbre también se considera una fuente del derecho, al igual que los principios generales del derecho, que suelen ser incorporados en el marco de las fuentes formales. Es crucial señalar que la determinación de estas fuentes en Cuba ha sido tema de análisis y debate, sin alcanzar un consenso absoluto sobre el asunto.

Nueva Constitución del 2019

La Constitución cubana de 2019 ha generado una amplia gama de opiniones jurídicas y análisis desde diversas ópticas, incluyendo el Derecho Internacional Público y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Destacan aspectos como la introducción de contenidos relevantes para el Derecho Internacional Público, cambios en la relación individuo-Estado con modificaciones en derechos y responsabilidades, así como ajustes en la recepción de Tratados Internacionales y la política exterior. Se observa una amalgama entre elementos del nuevo constitucionalismo latinoamericano y características del modelo previo, resultando en una "constitución mezcla". Esta constitución, más allá de su aspecto formal, refleja un proceso constituyente en curso que redefine las dinámicas económicas y sociales en Cuba, marcando un hito significativo en el contexto legal y social del país.

Partido Comunista de Cuba

Los estatutos del Partido Comunista de Cuba establecen los principios, objetivos y estructura organizativa del partido. El PCC es el fruto genuino de la Revolución y la máxima expresión de la voluntad unitaria del pueblo cubano. El partido se basa en la ideología del marxismo-leninismo y el internacionalismo. El PCC lucha por consolidar una nueva moral en la sociedad cubana, cimentada en la ideología de la Revolución, el colectivismo, la igualdad y la justicia social. El partido encarna las heroicas tradiciones revolucionarias del pueblo cubano y constituye un fiel continuador del Partido Revolucionario Cubano que fundó José Martí. La autoridad del partido se basa en la justicia de su línea política, el ejemplo de sus militantes, el vínculo con el pueblo, su capacidad de escuchar, persuadir e incorporar a la mayoría a la lucha por los objetivos de la Revolución. El PCC otorga particular atención a la formación de las nuevas generaciones y promueve la fraternización con los pueblos del Tercer Mundo, el antiimperialismo, la solidaridad y el internacionalismo.
La recién propuesta Constitución de Cuba reitera el papel fundamental que desempeña el Partido Comunista de Cuba como orientador de la sociedad cubana y del socialismo, marcando una continuidad con las disposiciones anteriores. No obstante, es relevante señalar que el borrador actual de la reforma constitucional confirma el carácter socialista de la Revolución, así como el papel rector del Partido, aunque introduce la notable omisión de la palabra "comunismo". Asimismo, se observan ajustes significativos en la distribución del poder, evidenciados por la instauración de una nueva posición de primer ministro y el cambio en la dirección del Consejo de Estado, ahora liderado por el presidente de la Asamblea Nacional. Estos cambios, apuntan a una reconfiguración de las estructuras gubernamentales y a una redistribución de las responsabilidades ejecutivas, lo que podría tener implicaciones importantes en la dinámica política del país. Es crucial destacar que, aunque la esencia socialista se mantiene, la eliminación de la mención explícita al comunismo en el proyecto de reforma constitucional refleja una adaptación en la retórica oficial del gobierno cubano. Este matiz podría interpretarse como una señal de apertura a ciertos ajustes ideológicos dentro del marco socialista, sugiriendo una evolución en la concepción del sistema político cubano.

Críticas a la nueva Constitución

La recientemente promulgada Constitución de Cuba ha suscitado críticas contundentes por parte de organismos internacionales de derechos humanos, quienes han expresado su inquietud ante las disposiciones del nuevo Código Penal que otorgan a las autoridades cubanas mayores facultades para restringir la libertad de expresión y reunión en los años venideros, específicamente en el 2023 y posteriores. A pesar de que la nueva Carta Magna reconoce nominalmente la libertad de prensa, pensamiento, conciencia y expresión, la ambigüedad en su tratamiento no proporciona garantías específicas ni reconoce el derecho al acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación. Por otra parte, la Constitución refuerza de manera irrevocable el papel del Partido Comunista como guía de la sociedad cubana y del socialismo, lo cual ha generado críticas desde diversos sectores. Se cuestiona la ausencia de cambios sustanciales en el sistema político, ya que, aunque los cubanos pueden elegir a sus representantes a nivel de barrio, municipio y provincia, no existen mecanismos para elegir directamente a los máximos dirigentes. En relación con el matrimonio igualitario, la nueva Constitución no lo reconoce explícitamente, aunque establece que el matrimonio es una institución social y jurídica. Este aspecto ha generado controversia y críticas por la falta de un reconocimiento claro y directo de los derechos de las parejas del mismo sexo. En lo que respecta a la economía, la nueva Carta Magna contempla cambios en el modelo económico y político cubano, promoviendo un aumento de emprendimientos y el crecimiento del sector privado. Sin embargo, estos cambios están condicionados a la implementación de legislación y regulaciones, lo que podría traducirse en un proceso gradual y complejo.

Macrocomparación

Estructura del Estado

Asamblea Nacional del Poder Popular

La Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba es el órgano supremo del poder estatal que representa a todo el pueblo y ejerce la voluntad soberana. Sus miembros, los diputados, son elegidos por votación libre, igual, directa y secreta, y su mandato dura cinco años, con la posibilidad de extenderlo en circunstancias excepcionales. Entre sus funciones se incluye la capacidad de reformar la Constitución, interpretar leyes, aprobar, modificar o derogar leyes y realizar consultas populares, ejercer el control de constitucionalidad sobre normas legales, discutir y aprobar planes económicos, tomar decisiones en políticas monetarias y fiscales, y designar a funcionarios de alto nivel, incluyendo al Presidente y Vicepresidente de la República. La Asamblea también evalúa informes de rendición de cuentas presentados por diversos organismos del Estado.

Asamblea Nacional del Poder Popular

En cuanto a la evaluación de la constitucionalidad de las leyes, en el sistema cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular desempeña ese papel, aunque carece de un órgano específico de control político de la constitucionalidad, como un Tribunal Constitucional. En su lugar, se encarga de resolver cuestiones de inconstitucionalidad en la práctica. La falta de un Tribunal Constitucional representa una limitación en la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales, y actualmente, la jurisdicción ordinaria asume responsabilidades que deberían corresponder a un órgano constitucional. La introducción de un mecanismo más eficiente, como un recurso de amparo, podría mejorar la protección de los derechos constitucionales en Cuba.

Proceso Legislativo

La actividad legislativa en Cuba se desarrolla en la Asamblea Nacional del Poder Popular, la cual es el único órgano con la autoridad constituyente y legislativa en la República. Diversas entidades, como el Presidente de la República, los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y las direcciones nacionales de otras organizaciones de masas y sociales, entre otros, pueden proponer leyes. Los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular son elegidos mediante voto libre, igual, directo y secreto, según el procedimiento establecido por la ley. La Asamblea Nacional del Poder Popular tiene la responsabilidad de discutir y votar las leyes, y goza de independencia funcional con respecto a otros órganos. Sin embargo, se señala que el proceso legislativo en Cuba es predominantemente burocrático y centralizado, influenciado más por determinaciones políticas que por la participación ciudadana, lo que impacta negativamente en la calidad de las leyes. La falta de transparencia y participación ciudadana en el proceso legislativo en Cuba afecta negativamente la calidad de sus leyes, según el autor. Se argumenta que la ausencia de democracia y participación ciudadana ha dado lugar a la formulación de leyes que no representan las necesidades y deseos de la población. Además, se señala que la carencia de calidad en las leyes también se atribuye a la falta de diversidad entre los legisladores y a la ausencia de un sistema electoral que sea justo y transparente. En resumen, el artículo sugiere que la deficiencia en la calidad de las leyes en Cuba se debe a la falta de democracia y participación ciudadana en el proceso legislativo, así como a la falta de diversidad entre los legisladores y a la carencia de un sistema electoral justo y transparente.
El modelo se basa en cinco fases: la iniciativa, la elaboración, la discusión, la aprobación y la promulgación. El modelo también identifica los principales factores que afectan el correcto desarrollo del proceso legislativo interno en Cuba, como la falta de una política legislativa articulada y coherente, la baja utilización de la discusión popular y pública en el proceso de creación legislativa, y la desconexión entre investigaciones jurídicas y desarrollo legislativo. El modelo propone una serie de recomendaciones para mejorar el proceso legislativo en Cuba, como la creación de una institución con la específica atribución de diseñar y ejecutar estudios de diagnóstico de la eficacia de las leyes previo a su posible modificación, y la promoción de la discusión popular y pública en el proceso de creación legislativa.

Adentro de la Asamblea Nacional del Poder Popular

Consejo de Estado

El Consejo de Estado de Cuba es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular y está compuesto por diputados de dicha asamblea. Opera como un órgano colegiado y rinde cuentas ante la Asamblea Nacional. El presidente y el vicepresidente de la Asamblea Nacional también son miembros del Consejo de Estado. Según el artículo 121 de la Constitución, el Consejo de Estado tiene diversas responsabilidades, incluyendo velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, convocar elecciones, analizar proyectos de leyes, revocar o modificar acuerdos de gobiernos locales que infrinjan la ley, elegir, designar y suspender funcionarios, impartir instrucciones a los tribunales, ratificar tratados internacionales, designar jefes de misiones diplomáticas, y supervisar los órganos estatales. Además, el artículo establece restricciones sobre quiénes pueden formar parte del Consejo de Estado.

Presidente y Vicepresidente

El presidente y vicepresidente son electos de los diputados que conforman la Asamblea Nacional del Poder Popular. Las funciones y atribuciones del presidente y el vicepresidente tienen una amplia gama de responsabilidades que incluyen garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, interpretar las leyes en caso necesario, emitir decretos y acuerdos, convocar elecciones, supervisar la actividad de otros órganos estatales, designar funcionarios clave, aprobar tratados internacionales y tomar decisiones organizativas, entre otras tareas, de acuerdo con la Constitución y las leyes, así como las instrucciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Gobierno de la República

Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros es el órgano ejecutivo principal del Gobierno de la República de Cuba, establecido según el artículo 133 de la Constitución. Opera bajo la Ley número 134/2020, conocida como la Ley del Consejo de Ministros. Su composición incluye al Primer Ministro, Viceprimeros Ministros, Ministros, Secretarios y otros funcionarios autorizados por la ley, y también participa el Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba en sus sesiones. El Consejo debe rendir cuentas periódicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y asumir la responsabilidad por sus acciones. El artículo 137 de la constitución cubana enumera sus funciones, que incluyen asegurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, supervisar la implementación de políticas en áreas diversas y proponer metas para planes de desarrollo económico y social, entre otras responsabilidades.

Primer Ministro y Viceprimeros Ministro

La Constitución de Cuba especifica que el Consejo de Ministros ostenta la máxima autoridad ejecutiva y administrativa en el país, compuesto por el primer ministro, los viceprimeros ministros, los ministros, el secretario y otros miembros designados por la legislación pertinente. Los viceprimeros ministros, como integrantes del Consejo de Ministros, desempeñan funciones que trascienden las competencias ministeriales convencionales. Estos son determinados por el Presidente de la República y su función es representar al Estado, controlar el desempeño de la Administración Central, designar y sustituir funcionarios y directivos. El consejo de ministros está regulado por la Ley Número 136 De acuerdo con la Constitución, el cargo de primer ministro conlleva requisitos específicos, entre ellos ser diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, contar con 35 años de edad, ser ciudadano cubano por nacimiento y carecer de otra ciudadanía. Asimismo, se establece que el primer ministro tiene la responsabilidad de liderar la política nacional, consolidando su papel central en la toma de decisiones y la conducción de las políticas gubernamentales.

Administración Central

Tribunales de Justicia

El sistema judicial de Cuba tiene sus raíces en las instituciones europeas continentales, heredadas de su historia como colonia española, y han sido adaptadas al contexto político y social cubano actual. Los tribunales son órganos estatales con independencia funcional, aunque están subordinados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado. El Tribunal Supremo Popular rinde cuentas ante la Asamblea Nacional y puede ser revocado por ella. El Consejo de Estado proporciona instrucciones generales a los tribunales a través del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo. Los jueces tienen la iniciativa legislativa en asuntos de administración de justicia y en su competencia.

El sistema judicial cubano combina tribunales populares y jueces legos para garantizar la imparcialidad y la justicia. Sin embargo, los precedentes judiciales no son fuentes de derecho, y los fallos no se publican. A pesar de esto, los abogados y profesionales del derecho utilizan estos fallos en su trabajo para lograr una interpretación y aplicación uniforme de las leyes.

La Constitución de Cuba establece que la función principal de los tribunales es impartir justicia en nombre del pueblo. La ley regula los objetivos de la función judicial, la organización de los tribunales, la jurisdicción, la selección de jueces y los procedimientos para su revocación. El Tribunal Supremo Popular está compuesto por jueces profesionales y jueces legos y se divide en diferentes salas según las áreas legales.

El sistema judicial se organiza en tres niveles: tribunales de base en los municipios, tribunales provinciales en las capitales provinciales y el Tribunal Supremo Popular en La Habana. Los jueces son seleccionados por la Asamblea Nacional y los jueces legos son nominados por colectividades locales y elegidos por asambleas municipales o provinciales.

El Tribunal Supremo Popular

Tribunal Supremo Popular

El Consejo del Tribunal Supremo Popular está integrado por once miembros, divididos en un presidente, cuatro vicepresidentes y seis presidentes de sala. Sus funciones se encuentran en la ley 82-1997, donde se establece en su artículo 19.1 en la literal h) “Corresponde al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular impartir instrucciones generales de carácter obligatorio para los tribunales, a los efectos de establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley”. Además de esto, el Tribunal Supremo Popular también también tiene iniciativa legislativa en todo lo relacionado al sistema de justicia. Además, la mencionada autonomía en el sistema judicial se respalda por el mandato constitucional establecido en el artículo 122, que de manera explícita establece que "Los Jueces, en su deber de administrar justicia, gozan de independencia y no deben lealtad a nadie más que a la ley". Esto, a su vez, asegura que no estén subordinados a instancias judiciales de rango superior en sus decisiones dentro de su ámbito de competencia.

Sistema de Apelaciones

La ley contempla un sistema de apelaciones en escalón: si se decide apelar contra una decisión de los Tribunales Municipales, se otorga un recurso ante el Tribunal Provincial; y contra las decisiones del Tribunal Provincial, se dirige ante el Tribunal Supremo. Estos tribunales superiores están obligados a aceptar el recurso, entrar de fondo al mismo y dictar un fallo correspondiente; esto siempre que se cumpla con los requisitos de forma. Esta institución tiene como objetivo salvaguardar los derechos constitucionales de individuos (sean personas naturales o jurídicas) desde una perspectiva legal, cuando se enfrentan a una amenaza o un peligro inminente de sufrir daños graves e irreparables. Además, busca restaurar, ya sea de forma temporal o permanente, la situación al estado que tenía antes de la violación de esos derechos constitucionales.

Fiscalía General de la República

La Constitución de Cuba delinea de manera precisa el papel y la estructura de la Fiscalía General de la República como un órgano estatal subordinado al Presidente de la República. Este organismo se configura como una unidad orgánica indivisible con independencia funcional, destacando su importancia en el sistema legal cubano. Se rige por la Ley Número 83. La misión primordial de la Fiscalía cubana es llevar a cabo el control de la investigación penal pública en representación del Estado, evidenciando su responsabilidad crucial en la administración de la justicia. La Fiscalía General se compone de fiscales y trabajadores encargados de gestionar las labores de esta institución. La designación de fiscales abarca distintos niveles, como el Fiscal de la Fiscalía General, fiscales provinciales y fiscales municipales, conformando una jerarquía que organiza eficazmente la labor de este ente estatal.
A nivel nacional, la Fiscalía General de la República se erige como el nivel superior de dirección, estableciendo su sede en la capital de la República de Cuba. Este posicionamiento estratégico subraya su papel central en la supervisión y coordinación de las actividades de la Fiscalía en todo el territorio cubano.

Además de su función principal en el control de la investigación penal, la Constitución confiere a la Fiscalía objetivos adicionales. Estos incluyen la vigilancia del cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales tanto por parte de los organismos del Estado como de las entidades económicas y sociales, así como por parte de los ciudadanos. Esto refleja la amplitud de su mandato y su responsabilidad en la salvaguarda de la legalidad y el orden jurídico en Cuba.

Órganos Locales del Poder Popular

Los entes locales de la autoridad popular en Cuba comprenden los gobiernos provinciales y los consejos populares. Según lo dispuesto en la Constitución de la República de Cuba, en cada provincia opera un Gobierno Provincial del Poder Popular, compuesto por un Gobernador y un Consejo Provincial, ambos trabajando en estrecha colaboración con la comunidad. El propósito fundamental del Gobierno Provincial del Poder Popular es representar al Estado y dirigir el desarrollo económico y social de su área, alineándose con los objetivos generales del país. Asimismo, actúa como nexo de coordinación entre las instancias centrales del Estado y las municipalidades, desempeñando un papel crucial en la articulación efectiva de las políticas gubernamentales. En tanto, el Consejo Provincial, configurado como un órgano colegiado y deliberativo, asume las funciones establecidas en la Constitución y las leyes. Su rol principal consiste en participar activamente en la toma de decisiones que afectan a la provincia, contribuyendo al proceso democrático y representativo. Por otra parte, los consejos populares se erigen como organismos locales del poder popular responsables de la administración de los asuntos públicos a nivel municipal. Estos consejos, integrados por delegados elegidos mediante elecciones libres, directas y secretas, representan la voz de la ciudadanía a nivel local. Los delegados, como representantes del pueblo a nivel municipal, llevan consigo las inquietudes y necesidades de la población hacia los órganos superiores del poder popular.

Sistema Electoral

El sistema electoral de Cuba es un proceso complejo regido por la Constitución de la República de Cuba y la Ley Número 127, Ley Electoral. Se fundamenta en la elección de los delegados a las asambleas municipales, provinciales y nacionales del Poder Popular, que constituyen los órganos del poder estatal en Cuba. Los ciudadanos participan en elecciones libres, directas y secretas para elegir a estos delegados, quienes asumen la responsabilidad de llevar las preocupaciones y necesidades de la población a los órganos superiores del poder popular. En contraste con sistemas electorales de otras naciones, el sistema cubano carece de partidos políticos de oposición autorizados y de campañas electorales. El Partido Comunista de Cuba no postula candidatos, pero las organizaciones que nominan a los aspirantes a la Asamblea Nacional suelen tener miembros cercanos a esta fuerza política. La Ley Electoral cubana establece que los candidatos a Diputados de la Asamblea Nacional se agrupen por distritos electorales, con un mínimo de dos escaños por distrito. Este enfoque busca garantizar una representación equitativa y diversa en el máximo órgano legislativo del país.

El Consejo Electoral Nacional, como órgano del Estado, tiene la misión primordial de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos en Cuba. El Consejo Electoral Nacional (CEN) se erige como el órgano del Estado cubano encargado de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos en Cuba. Este consejo funciona como una entidad autónoma y rinde cuentas por el cumplimiento de sus funciones ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. La estructura del Consejo Electoral Nacional incluye un presidente, un vicepresidente y otros miembros, quienes son designados por la Asamblea Nacional del Poder Popular. El presidente del CEN desempeña el papel clave de dirigir y coordinar las actividades del consejo, asumiendo la responsabilidad de garantizar la transparencia e imparcialidad del proceso electoral. La responsabilidad primordial del CEN abarca la organización y supervisión de todas las fases del proceso electoral, desde la convocatoria hasta la proclamación de los resultados. Además, tiene el cometido de asegurar la igualdad de oportunidades para todos los candidatos y partidos políticos, velando por que las elecciones se desarrollen de manera libre, justa y transparente.

Defensa y Seguridad Nacional

La Constitución de la República de Cuba establece que la política de defensa y seguridad nacional se fundamenta en la preservación de la independencia, la integridad territorial, la soberanía y la paz de la nación. En este contexto, el Consejo de Defensa Nacional se erige como el órgano superior del Estado encargado de organizar, dirigir y preparar al país, incluso en tiempos de paz, para su defensa. Además, vela por el cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

En situaciones excepcionales y de desastre, el Consejo de Defensa Nacional asume el liderazgo del país y ejerce las atribuciones correspondientes a los órganos del Estado, con la excepción de la facultad constituyente. La composición de este consejo incluye al Presidente de la República como su presidente, quien a su vez designa a un Vicepresidente y a los demás miembros conforme a lo establecido por la ley. La normativa legal regula tanto la organización como el funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional y de sus estructuras a los diferentes niveles, asegurando un marco normativo claro y preciso para la gestión de situaciones relacionadas con la defensa y seguridad del país. En este contexto, las instituciones armadas del Estado tienen como misión principal la protección, vigilancia y mantenimiento de la independencia y soberanía del Estado, así como la preservación de su integridad territorial, seguridad y paz. Estas disposiciones constitucionales configuran un marco integral para la defensa y seguridad nacional en Cuba.

Microcomparación

La Libertad de Expresión

Desde la caída de la dictadura respaldada por Estados Unidos de Fulgencio Batista en 1959, Cuba ha sido un estado de partido único liderado por Fidel Castro, un devoto de la teoría marxista-leninista que llevó la revolución al país y creó el primer estado comunista en el hemisferio occidental. La salud de Fidel Castro ha sido una preocupación durante varios años. En julio de 2006, el envejecido presidente se apartó temporalmente después de someterse a una cirugía, y el 19 de febrero de 2008, Fidel Castro entregó oficialmente el control del gobierno a su hermano y sucesor designado, Raúl Castro. El gobierno de Raúl Castro ha continuado utilizando métodos totalitarios para reprimir el periodismo independiente, aunque ahora es más común que los disidentes sean objeto de acosos rutinarios en lugar de juicios importantes. Los medios cubanos están estrictamente controlados por el gobierno, y los periodistas deben operar dentro de los límites de las leyes contra la propaganda antigubernamental y el insulto a funcionarios, con penas de hasta tres años de prisión. La libertad de expresión se ve limitada por leyes que criminalizan la difusión de propaganda enemiga, noticias no autorizadas e insultos a símbolos patrióticos. Según Reporteros Sin Fronteras, Cuba tiene el segundo mayor número de periodistas en prisión después de China. La represión alegada de disidentes en marzo de 2003 llevó a la detención de alrededor de 80 personas, y 35 escritores, periodistas y bibliotecarios fueron condenados en juicios rápidos en abril de 2003 bajo leyes que protegen al estado cubano. El gobierno cubano también monitorea intensamente las comunicaciones por internet, prohibiendo el acceso a los servicios de internet a menos que pertenezcan a ciertas organizaciones oficiales. La sociedad civil en Cuba muestra algún activismo, como la propuesta de una nueva constitución por parte del activista Oswaldo Payá en 2006 y las actividades de las Damas de Blanco, un grupo de familiares de prisioneros políticos.

Fundamento Constitucional

A pesar de que la Constitución de Cuba reconoce la libertad de expresión, existen restricciones significativas que limitan este derecho en el país, incluyendo la prohibición de medios independientes de comunicación, restricciones en el uso de las redes sociales, represión a periodistas y disidentes, y el monopolio estatal de los medios de comunicación. La Constitución de Cuba ostenta el reconocimiento explícito de la libertad de expresión para todas las personas. No obstante, a pesar de este reconocimiento formal, el ejercicio pleno de esta libertad se ve notablemente limitado por diversas disposiciones y prácticas que generan preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

Una de las limitaciones más significativas es la prohibición de medios independientes de comunicación en el país, a pesar de la libertad de expresión consagrada en la Constitución. La existencia de estos medios es vedada, y se impone la colegiación obligatoria de periodistas, una medida que restringe la pluralidad y la diversidad en el ámbito mediático e informativo.

Protestas por la libertad de expresión y la democracia

Además, el gobierno cubano ha implementado restricciones en el uso de las redes sociales, ejerciendo un control que afecta derechos fundamentales como la participación política, la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de asociación. El Decreto-Ley 370/2018 es una disposición normativa que ha sido utilizada para limitar el ejercicio de estos derechos a través de plataformas digitales.
La represión a periodistas independientes y disidentes constituye otra faceta preocupante de las restricciones a la libertad de expresión en Cuba. Se han documentado casos en los cuales estos profesionales y activistas son objeto de represalias por difundir información y opiniones sobre asuntos de interés público, lo que resulta en la persecución sistemática y la limitación del acceso a la información.
A su vez, el monopolio estatal de los medios de comunicación en Cuba contribuye a la restricción de la libertad de expresión y la diversidad de opiniones, al controlar y limitar la narrativa mediática. Esta situación ha generado inquietud a nivel nacional e internacional, llevando a organizaciones de derechos humanos a instar al gobierno cubano a garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La llamada a la acción por parte de estas organizaciones destaca la importancia de salvaguardar este derecho esencial para el desarrollo democrático y el respeto a la diversidad de voces en la sociedad cubana.

Aplicabilidad en la Práctica

La libertad de prensa en Cuba enfrenta serias limitaciones, con disposiciones legales que prohíben la existencia de medios independientes de comunicación y exigen la colegiación obligatoria de periodistas, lo que restringe la diversidad y autonomía en el ámbito mediático. A pesar de reconocer la libertad de expresión en la Constitución, la prohibición expresa de medios independientes limita el ejercicio de la libertad de prensa. Además, el gobierno cubano impone restricciones en el uso de redes sociales y mantiene un monopolio estatal sobre los medios de comunicación. Estas restricciones han suscitado preocupación internacional y críticas de organizaciones de derechos humanos y activistas, quienes argumentan que socavan severamente la libertad de expresión en el país. La imposibilidad de establecer medios independientes en Cuba ha generado un debate constante sobre la restricción de los derechos fundamentales y la libertad de prensa en la nación caribeña.

La Libertad de Expresión en el Código Penal

La entrada en vigor del nuevo Código Penal en Cuba el 1 de diciembre de 2022 ha suscitado inquietud y críticas significativas, especialmente por parte de organizaciones de derechos humanos y activistas, quienes argumentan que este código impone restricciones severas a la libertad de expresión en el país. Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 120.1, que criminaliza la protesta al considerar como delito el "ejercicio arbitrario" del derecho constitucional a la libre expresión o manifestación, castigándolo con penas de cárcel de cuatro a diez años. Esta disposición es especialmente preocupante, ya que establece la posibilidad de sancionar a quienes, según las autoridades, pongan en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y el Gobierno cubanos.

Otra área de preocupación radica en las restricciones a la recepción de fondos, ya que el Código Penal penaliza la obtención o uso de recursos que se considere tengan como objetivo "sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional". Esta medida ha sido interpretada como una amenaza directa a la libertad de expresión y la criminalización del periodismo independiente en Cuba, al limitar el financiamiento necesario para la labor periodística.

Además, según informes de Amnistía Internacional, el nuevo Código Penal otorga a las autoridades cubanas facultades aún mayores para reprimir la libertad de expresión y reunión en 2023 y en los años subsiguientes. Estas disposiciones generan preocupación sobre el impacto negativo que podrían tener en la capacidad de los ciudadanos cubanos para ejercer sus derechos fundamentales y expresar libremente sus opiniones. En este contexto, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos temen que estas medidas contribuyan a un ambiente represivo que limite significativamente la diversidad de voces y opiniones en Cuba.

Imposibilidad de Fundar Medios de Comunicación Privados y la Libertad de Prensa

La imposibilidad de crear medios de comunicación independientes en Cuba y las disposiciones del nuevo Código Penal y la Ley de Comunicación Social han generado preocupación por el impacto que podrían tener en la libertad de expresión y en la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos fundamentales en el país. Organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas expresan su preocupación al considerar que el nuevo Código Penal en Cuba restringe de manera significativa la libertad de expresión en el país. Además, la Ley de Comunicación Social, aprobada en mayo de 2023, establece que los medios de comunicación son propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, de masas y sociales, excluyendo así la posibilidad de otro tipo de propiedad, lo que afecta directamente a la prensa independiente. Estas disposiciones generan inquietud respecto al impacto que podrían tener en la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos fundamentales en Cuba. Además, el sistema de comunicación cubano enfrenta desafíos relacionados con la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que no disminuyen, sino que transforman las históricas disputas entre ambos países. Este cambio implica un desplazamiento del enfrentamiento directo en los ámbitos económicos y políticos hacia una confrontación, principalmente en el ámbito simbólico y cultural.

Uso del Internet

El gobierno cubano regula el uso del internet a través de decretos y normativas, siendo el Decreto-Ley 35 de agosto de 2021 y otras disposiciones de menor rango algunos de los instrumentos legales aplicados. Sin embargo, estas regulaciones han suscitado inquietud y críticas por parte de expertos en regulación de internet, organizaciones de derechos humanos y la sociedad en general. Se ha señalado que estas normas, que abordan el uso de las telecomunicaciones en Cuba, restringen la libertad de expresión y limitan el acceso a internet, una herramienta crucial para el ejercicio de los derechos humanos por parte de los cubanos. El gobierno ha implementado restricciones consideradas abusivas en las comunicaciones y la libertad de expresión en línea, tratando como incidentes de ciberseguridad actividades como la "divulgación de noticias falsas", la "difamación con impacto en el prestigio del país" y mensajes que "inciten a movilizaciones" o "promuevan la indisciplina social". Además, la limitada competencia en el sector de las telecomunicaciones, donde la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) ostenta un papel predominante como entidad estatal, contribuye a que el acceso al internet sea costoso y sujeto a control gubernamental.

Presos Políticos

La situación de los presos políticos en Cuba ha generado preocupación y críticas a nivel nacional e internacional, especialmente después del levantamiento popular en julio de 2021. El número de detenciones por motivos políticos y de conciencia ha experimentado un notable aumento, superando las 1,000 personas. Estas acciones han sido ampliamente condenadas por organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional debido a su impacto negativo en la libertad de expresión y la represión de la disidencia en el país.

La represión y encarcelamiento de disidentes han suscitado preocupación a nivel global, siendo objeto de críticas por parte de entidades como Amnistía Internacional y Prisoners Defenders. Se señala que estas detenciones buscan silenciar la libertad de expresión y desincentivar el activismo en Cuba. Organizaciones de derechos humanos han documentado el aumento de detenciones, las condiciones inhumanas en las que se encuentran los presos políticos, y casos de tortura y maltrato. Además, se destaca la falta de transparencia en el sistema judicial y penitenciario cubano.

La comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, ha instado al gobierno cubano a liberar a los presos políticos injustamente detenidos y a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se han realizado llamados a la liberación inmediata de los presos políticos, acompañados de la imposición de sanciones y restricciones de visado dirigidas a individuos y entidades involucradas en abusos contra los derechos humanos en Cuba.